decigarrasyhormigas: blog de economía

(Versió en valencià)

Durante los últimos cinco años varias comunidades autónomas han revisado sus estatutos de autonomía. Entre las modificaciones incorporadas se han incluido diversas cláusulas que establecen cuál debe ser el mínimo de inversión que el Estado realice en la comunidad autónoma durante un periodo determinado. A este respecto me gustaría resaltar dos aspectos que merecerían ser tenidos en cuenta. Por una parte, la situación de partida del stock de capital público no es la misma en todos los territorios; por otra, la generalización de este tipo de cláusulas estatutarias imposibilitaría su cumplimiento.

El peso relativo de cada territorio en el stock de capital público depende, en gran medida, de su tamaño, que puede ser definido mediante distintas variables de referencia, como la población, el PIB o la superficie. No existe un único indicador para comparar las dotaciones relativas de capital público, lo que facilita la controversia a la hora de contrastar los niveles actuales de cada territorio, pero no impide corroborar las grandes diferencias regionales existentes en cualquiera de las variables consideradas. En 2008, la comunidad mejor dotada duplicaba a la peor, tanto en términos per cápita (Aragón vs. Región de Murcia) como en relación con la producción (Extremadura vs. Cataluña). Las discrepancias actuales son menores que las existentes en 1980, pero siguen siendo difíciles de justificar. Y las diferencias aún son mayores cuando se considera la superficie.

Con las recientes revisiones de los estatutos de autonomía, las comunidades autónomas intentan asegurarse una determinada porción de la inversión estatal. Cada región ha definido la cláusula estatutaria según su conveniencia y, de este modo, Cataluña ha blindado las inversiones de la Administración Central en su territorio en función de su peso en el PIB, Andalucía lo ha hecho en función de su población, Aragón hace hincapié en prestar atención a la superficie, Illes Balears pide que se respete la inversión media per cápita, la Comunitat Valenciana lo ha solicitado ligado a la población, etc. Obviamente, si el Congreso ya ha aceptado cláusulas de este tipo se verá en la obligación de aceptar todas aquellas similares que reclamen otras comunidades. Sin embargo, si cada comunidad autónoma escoge el indicador de dimensión que más le favorece, resultará imposible cumplir el contenido de todas las disposiciones.

¿Cuántas Españas serían necesarias para cumplir los diferentes estatutos de autonomía? Veámoslo con el ejemplo contenido en el siguiente cuadro, elaborado con datos de las comunidades de régimen común y donde solo se han considerado las tres variables de referencia habituales (PIB, población y superficie). Se observa que si cada comunidad incorporase la petición en función de la variable que más le conviene (datos sombreados), la suma se elevaría a 146,6%. Por tanto, sería imposible cumplir la generalización de este tipo de cláusulas.

Pero si algunas comunidades blindan de este modo las inversiones estatales en su territorio y otras no lo hacen, la consecuencia sería una notable reducción de las inversiones estatales en estas últimas, ya que las inversiones comprometidas en solo cuatro comunidades autónomas (Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid y Castilla y León) sumarían más del 78% del importe a repartir.

Resulta previsible y lógico que los diferentes gobiernos autonómicos traten de aprovechar este tipo de cláusulas en su favor; lo que no resulta tan lógico es el uso de diferentes indicadores de dimensión para repartir el mismo concepto. Quizás sería necesario establecer previamente un indicador sintético de las dotaciones de capital público, que valore objetivamente las diferencias interterritoriales. Y solo con un indicador de estas características se podrían evaluar las necesidades de cada territorio, así como el reparto equitativo de nuevas inversiones estatales.