decigarrasyhormigas: blog de economía

Las acreditaciones se introdujeron en el sistema de evaluación del profesorado funcionario en la reforma dela LOU(LOMLOU) para corregir las deficiencias del sistema de habilitaciones anterior. Había tres objetivos fundamentales que el procedimiento de acreditaciones debía cumplir:

1. Garantizar el cumplimiento de mínimos por parte de los candidatos a funcionario (TU o CU)
2. Clarificar la carrera universitaria, de forma que los profesores tuvieran claro los requisitos que deberían cumplir
3. Garantizar la competencia en los concursos convocados por las universidades

Dados los resultados obtenidos hasta el momento, podemos afirmar que, desde luego, el objetivo 3 no solo no se ha cumplido, sino que está más lejos que nunca de poder cumplirse, especialmente en el caso de los CU. No existe competencia alguna por las plazas, y las universidades penalizan fuertemente la posibilidad de que tal competencia exista, tal como hemos argumentado aquí.

Sobre el cumplimiento de los objetivos 1 y 2 hay, sin embargo, más dudas. El decreto que regula las acreditaciones especifica las calificaciones que se deben obtener para pasar la acreditación, repartiendo puntos entre Investigación, Docencia y Gestión en el caso de los CU, y añadiendo un ítem de “calidad de la formación” en TU. Parece así que los requisitos mínimos están claros. Y también que el decreto da un mensaje nítido sobre la actividad que deben desarrollar los profesores para avanzar en su carrera.

Sin embargo, en la práctica, no se puede afirmar con claridad que los acreditados cumplan los requisitos mínimos que una parte significativa de la academia consideraría como razonables para optar a plazas de funcionarios, ni que el mensaje que se está transmitiendo a los jóvenes que se dedican o se pretenden dedicar a la tarea universitaria sea el adecuado.

Por una parte, el sistema está diseñado “a la española”. Con ello quiero decir que está pensado con la mentalidad de la Universidad española, diseñado para un prototipo de licenciado que nace, crece y se desarrolla exclusivamente en la Universidad española, y solo fomenta y ayuda a los que realizan este camino endogámico, sin mirar prácticamente al exterior. Por otra, y debido a ello, el mensaje que reciben los potenciales candidatos es, cuanto menos, equívoco.

Para ver lo cierto de las afirmaciones anteriores, bastan algunos signos:

1. Observar lo complicado que resulta acreditarse a las personas que, en algunos departamentos, se intentan incorporar desde el extranjero.
2. La incapacidad de entender la aplicación informática y los múltiples y variopintos ítems que se supone que hay que rellenar para cualquiera, no digamos para personas que vienen de otros sistemas universitarios
3. La aplicación (en CU) para evaluación de la investigación, de 15 puntos por sexenio de forma indiscriminada. Esto, junto con los puntos de gestión, está diseñado para que cualquier TU que lleve suficiente tiempo en la universidad y haya hecho medianamente los deberes, se acredite de forma casi automática.
4. El requisito de horas mínimas de docencia reglada impartida (1.000 horas en TU, 2.000 horas en CU), que incapacitan a los investigadores recuperados vía los contratos Ramón y Cajal para acreditarse, presentándose una incongruencia intrínseca en el sistema que, después de crear un procedimiento de recuperación de investigadores (contratos Juan dela Cierva, Ramón y Cajal y programa i3), los expulsa a la hora de la estabilización en la Universidad. Este hecho explica en parte la negativa de muchas Universidades a aceptar los contratos Ramón y Cajal (increíble: te regalan investigadores y no los quieres), por una visión a medio plazo de problemas de estabilización.
5. La proliferación absolutamente desmesurada de cursos, congresos, proyectos y etc. “de docencia” a la que nuestras Universidades están destinando una cantidad ingente de recursos, y que tienen una demanda altísima, solo en aras de rellenar ciertos ítems en las acreditaciones. Es importante que se dediquen esfuerzos a realizar una docencia de calidad, pero el papel que se ha dado a estas prácticas con ocasión de la “implantación del sistema Bolonia”, junto con la inclusión de estos méritos en las evaluaciones de las acreditaciones ha disparado este tema de forma demencial.
6. La lucha por ocupar cargos de toda índole en la mal entendida “gestión”. Una parte positiva es que antes nadie quería ser director de Departamento, y ahora hay varios candidatos. Pero la respuesta de las Universidades, creando infinidad de cargos “asimilados” de toda índole, cuyo único signo de “autenticidad” es que reciben un sobresueldo, debería también disparar las alarmas. Es aberrante que la gente joven (antes de ser TU, señores) dedique tiempo y esfuerzos a gestionar departamentos o institutos de investigación. Solo se les debería pedir colaboraciones para organizar seminarios o similares, y que centraran su energía en dar muy buenas clases y publicar sus trabajos en las revistas más prestigiosas posibles.
7. La proliferación indiscriminada en los currícula de publicaciones en revistas de medio (o bajo, a veces bajísimo) impacto, llevando más a la cantidad que a la calidad. En las Ciencias Sociales es verdad que mucha más gente ha empezado a distinguir la diferencia entre las revistas JCR y “otros registros”, pero sigue habiendo poquísimo espacio para la discriminación, y muy pocos incentivos a publicar con ambición.
8. Un fenómeno nuevo, desconocido hasta ahora en las Ciencias Sociales, es también la proliferación de firmantes en los artículos de investigación. Las prácticas habituales en las Ciencias Experimentales (en las que todo el personal del laboratorio firmaba cada publicación y donde hay que ser muy cuidadoso para desentrañar, en el orden de firma, la importancia de la contribución de cada cual) se han importado ahora a las Ciencias Sociales, en las que siempre se había firmado por orden alfabético y era extraño encontrar trabajos con más de dos o tres autores.

Visto lo anterior, uno se pregunta hasta qué punto conviene al Sistema Universitario Español mantener un procedimiento de acreditación tan costoso (no solo en términos monetarios: tenemos 11 comisiones, cada una con 10 miembros, que se reúnen para decidir una vez al mes; cada expediente es evaluado por dos expertos externos, y las comisiones de reclamaciones -otras 11- se reúnen cada dos meses), con la mitad al menos de los profesores numerarios de este país evaluando expedientes que tienen una longitud descabellada.

El garantismo del sistema, por otra parte, está llevando a las comisiones casi a un automatismo en la evaluación. ¿Son necesarios tantos controles en lo que se ha dado en llamar una “evaluación secundaria”?

Pero la pregunta del millón es: ¿Hay espacio para la mejora? Y la respuesta (por supuesto, de acuerdo con mi opinión personal) es: dentro de este sistema, no.

Es verdad que podría simplificarse la evaluación considerablemente. Por ejemplo, mediante un sistema de evaluación lexicográfico, en el que para obtener la acreditación como TU, por ejemplo, fueran necesarios un mínimo de trabajos de investigación y un mínimo de horas de docencia; que los candidatos a CU, como en el resto del mundo, deberían ser juzgados por la calidad de sus aportaciones en investigación, por la calidad de los estudiantes que han tutorizado (y no por el número de tesis leídas -parece que todas sean iguales-), así como  por el reconocimiento del que disfrutan en su profesión a nivel internacional (pertenencia a consejos de redacción de revistas de referencia, por ejemplo),  pero eso debería estar después compensado por un sistema de concursos competitivos, que dieran las verdaderas oportunidades a los mejores, y no a los que ya están ocupando el “nido” que sale a concurso.

También se podría, simplemente, promover un sistema “tipo militar”, en el que se asciende básicamente por antigüedad, siempre que uno cumpla mínimamente con sus funciones. Este sistema es mucho menos costoso, y la única desventaja es que quita totalmente los incentivos a la investigación. Pero si esto se completara con incentivos monetarios reales por investigar (sexenios mejorados sustancialmente), con exigencias a las Universidades para poder impartir posgrados, con una racionalización de la financiación de las Universidades, podría ser un sistema perfectamente admisible. Al fin y al cabo, ya solo quedan dos cuerpos universitarios. Por poco coste, podría quedar todo en uno. ¿Por qué no?

En el Sistema Universitario de este país tenemos dos problemas cruciales: uno, que bajo el paraguas intocable de la autonomía universitaria se está gestionando nuestro Sistema Universitario sin competencia y sin control, y ahora mucho más, agravado por la crisis económica; y dos, que el poder de los sindicatos ha conseguido prácticamente acabar con las posibilidades reales de competencia y de gestión eficiente.

Y por otro lado, ha habido una tremenda dejación de funciones por parte de los Gobiernos, tanto central (que no quiere peleas) a nivel universitario, como de los autonómicos (que no se han atrevido a discriminar y poner coto al “café para todos”).

En este contexto, no tengo claro que merezca un esfuerzo realizar un cambio en el sistema de acreditaciones. Necesitamos reformas mucho más profundas. Y, o las acometemos pronto, o el sistema en su conjunto acabará hundiéndose.