¿Qué papel juegan en la asignación de recursos la eficiencia y la equidad frente a la influencia política? ¿Se han reducido las asimetrías en la prestación de servicios públicos? ¿Cómo se explican dichas diferencias? Estas son algunas de las cuestiones a las que intentaron responder ayer expertos en economía pública, federalismo fiscal y desarrollo regional en el seminario Fundación BBVA-Ivie “Sector Público y territorio: desigualdades, bienestar y respuestas a la crisis” (documentos y vídeos de las ponencias).
Por orden de intervención, Francisco Pérez (Ivie y Universitat de València) presentó una nueva base de datos elaborada por el Ivie que ofrece una perspectiva homogénea del gasto público por administraciones (Administración Central, Seguridad Social, comunidades autónomas y corporaciones locales) (aquí su presentación). ¿Algunas conclusiones que se derivan de su análisis? El sector público español tiene una dimensión similar a la de países de su entorno, pero presenta unas diferencias excesivas entre sus distintos territorios. La descentralización no ha corregido las fuertes diferencias iniciales en la prestación de servicios públicos básicos. Y, además, dichas diferencias tienen muy poca justificación desde cualquier criterio de eficiencia o equidad.
Por su parte, Antoni Zabalza (Universitat de València) analizó la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas. El nuevo sistema aporta más recursos a las CC. AA. y, partiendo de un statu quo muy distinto, intenta nivelar las diferencias iniciales, reduciendo con éxito la dispersión de recursos entre comunidades. Señaló que para corregir los problemas actuales quizás serán necesarias medidas extraordinarias para evitar el deterioro de la prestación de servicios básicos y posibles impagos de deuda que tendrían un efecto muy pernicioso sobre la economía española en su conjunto.
En su presentación, Santiago Lago (REDE y Universidad de Vigo) argumentó que la centralización no es la solución, sino que España necesita un mayor federalismo con criterios más claros de responsabilidad fiscal y sanciones financieras para quienes incumplan los compromisos. Añadió que no tiene sentido fijar objetivos de déficit de las CC. AA. en función del PIB, puesto que las competencias de las que son responsables (principalmente educación y sanidad) no deberían depender del ciclo económico, por tratarse de servicios esenciales. Además, hay que tener en cuenta las diferencias en el tamaño de los sectores en cada comunidad.
Pablo Vázquez (Fedea) alertó en su exposición sobre el aumento inevitable y paulatino de los costes sanitarios, debido principalmente al envejecimiento y a la “cronificación” de enfermedades como el cáncer o el SIDA. Ello obliga a no ser autocomplacientes en la gestión de los costes sanitarios. Vázquez defendió que las posibilidades de ahorro mediante medidas de microgestión son grandes: los quirófanos solo operan un 33% del día, los hospitales licitan por separado su suministro de electricidad, etc. ¿Cómo conseguir que los propios centros pongan en marcha las medidas de ahorro? La experiencia en otros países parece que pasa por una mayor autonomía de los gestores hospitalarios y por una correcta alineación de incentivos. Además, aseguró que los avances en microgestión son capaces de generar ahorros de costes sin repercusión negativa en la calidad.
Jorge Calero (Universidad de Barcelona) centró su intervención en las diferencias en el gasto público en educación y en los resultados educativos. Aunque persisten diferencias en los recursos del sistema, ha habido un proceso de convergencia en el mismo, indicó. No obstante, las diferencias en los resultados persisten y están muy relacionados con las diferencias en el perfil socioeconómico de las familias, lo cual indica que aún existe camino por recorrer en la igualdad real de oportunidades educativas. Por último, Andrés Rodríguez-Pose (London School of Economics e IMDEA) señaló en su presentación que la autonomía regional aumenta la satisfacción con las instituciones (democracia, gobierno y economía) y con las políticas públicas, pero no comporta mejoras en el rendimiento económico. Para que esa mayor satisfacción se traduzca en mayor eficacia y rendimiento son necesarias reformas, explicó. En última instancia, la descentralización no parece estar asociada a una mayor cohesión territorial e incluso podría estar negativamente relacionada con el crecimiento, según indica la experiencia internacional citada.
Los vídeos con las intervenciones y las presentaciones de los ponentes están disponibles aquí.
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