[Artículo anteriormente publicado en la revista Expresión Económica]
Una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro país es su evaluación de políticas públicas. A pesar de que durante los últimos años se han creado organismos públicos a este efecto, como la Agencia de Evaluación de la Calidad, estos no han cumplido el vital papel de hacer de cortafuegos ante proyectos descabellados, sino que han contribuido, por el contrario, a legitimarlos. La excusa de la vertebración y cohesión territorial ha servido a menudo para justificar proyectos de infraestructuras cuyos motivos reales eran el equilibrio político (“Si mi comunidad vecina tiene AVE, ¿por qué nosotros no?”) o incluso la pura propaganda personalista, como el caso de algunos aeropuertos hoy sin viajeros.
Si el principio de responsabilidad es uno de los pilares de una sociedad moderna, este se ausentó por completo durante la pasada década debido a la falta de información sobre el impacto real de los proyectos públicos y de su coste de oportunidad. ¿Es posible que un responsable político conozca sin asistencia técnica la relación entre el impacto y el coste de una infraestructura? ¿Está preparado para llevar a cabo su labor de representación del ciudadano o se guía en cambio por su intuición del impacto político? La austeridad que está imponiendo la crisis debería ser aprovechada para un nuevo marco de evaluación de políticas públicas que reconozca que no todos los proyectos son socialmente deseables. Y que, además, el coste de cada error en esta materia es altísimo, pues se trata de inversiones en las que no se puede dar marcha atrás, al contrario de, por ejemplo, un sistema de incentivos al estudio que se demostrase inservible.
La productividad de las infraestructuras es uno de los ámbitos de investigación económica más trabajados en España. El Ivie mantiene desde hace décadas información desagregada y precisa sobre el stock de capital en España, información que ha sido utilizada por multitud de investigadores para analizar la productividad de nuestras infraestructuras.
Los resultados de los últimos años no dejan lugar a duda: el consenso se encuentra en que el impacto macroeconómico de las infraestructuras es muy limitado en términos de crecimiento, siendo poco aconsejable su utilización como herramienta de política económica. Germà Bel y Ginés de Rus nos han mostrado que España no reúne los requisitos poblacionales para que la red de Alta Velocidad sea socialmente deseable. Matilde Mas y Javier Quesada han observado que la productividad de las inversiones en Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) supera la de las infraestructuras. Por último, muchos investigadores, entre ellos Ángel de la Fuente, han mostrado que la rentabilidad de la inversión en educación excede con mucho a la rentabilidad de las infraestructuras físicas.
La evidencia internacional confirma también estos resultados: los países desarrollados que más han crecido durante estos últimos años han sido aquellos con mejor formación de su fuerza laboral, y los sectores que mejor han resistido la crisis han sido aquellos ligados a los servicios profesionales, más alejados de las actividades físicas tradicionales.
El coste de oportunidad asumido con la extensa red de infraestructuras públicas en España ha sido enorme y con él habremos de convivir en el futuro más inmediato. Además, su coste de funcionamiento y mantenimiento no es en absoluto despreciable, lo que podría ser razón suficiente para incluso abandonar en desuso proyectos que cuestan al contribuyente mucho más de lo que aportan económica y socialmente. Ahora que ya somos el país de la Unión Europea con el mayor número de kilómetros de Vías de Alta Capacidad y de vías ferroviarias de Alta Velocidad, ¿no deberíamos centrarnos en desarrollar los aspectos de nuestra sociedad en que presentamos más deficiencias?
¿Cuáles son las mejores alternativas? Aquí es donde una institución independiente de evaluación de políticas públicas sería de extrema utilidad a nuestra sociedad, evaluando los proyectos tomando como base la evidencia empírica internacional o basándose en estudios rigurosos encargados para cada proyecto. Los tiempos han cambiado, y cada nuevo proyecto que se emprenda implicará, más que nunca, que otros proyectos potencialmente rentables no se llevarán a cabo. Nuestro país no puede volver a permitirse los despilfarros cometidos nunca más.
Carlos Albert
Santiago Carbó
Abel Fernández
Joaquín Maudos
José Manuel Pastor
Lorenzo Serrano
decigarrasyhormigas: blog de economía 
Me parece una entrada muy oportuna. Parece mentira que la evaluación de las acciones públicas no sea objeto sistemático de análisis a la hora de tomar decisiones. A fin de cuentas las primeras lecciones de cualquier curso de economía enseñan a los alumnos la noción del coste de oportunidad. Pero parece que aquí nos cuesta asimilar ese principio (tal vez porque pensamos que las «cosas de todos» son «cosas de nadie»).
La crisis proporciona un contexto natural en el que planterar estos temas y sería bueno hacer de la necesidad virtud para cambiar los hábitos de tomar decisiones como si fueran gratis (y en la Comunidad Valenciana tenemos un amplio espectro de disparates).
Estoy completamente de acuerdo. Esta mañana en las noticias se hablaba de la reunión de Rajoy con los presidentes de la Comunidad Valenciana y de Extremadura. El presidente extremeño pedía un AVE a su Comunidad. Parece ser que, con recortes, déficits por encima de lo previsto, más recortes de los anunciados y demás, las Comunidades Autónomas siguen sin enterarse de que determinadas inversiones son imposibles y creen que el Estado central sigue siendo capaz de financiar lo que sea.