Vaya por delante que no albergo ninguna duda con respecto a la profesionalidad y entrega de las personas que han combatido el fuego desde la trinchera. De hecho, uno de estos héroes anónimos falleció en la tarde de ayer a bordo de un helicóptero, mientras participaba en las tareas de extinción del incendio de Cortes de Pallás. Sin embargo, es evidente que los medios técnicos y humanos desplazados al lugar de los hechos han sido insuficientes para evitar la detrucción de 50.000 hectáreas de bosque, una superficie similar a la Isla de Ibiza.
Por desgracia, la historia se repite. Hace ya casi veinte años, el presidente Joan Lerma hubo de cancelar un viaje oficial ante la dramática sucesión de incendios que prendían a diario en toda la geografía valenciana. Está visto que cambian los gobiernos, se renuevan los partidos políticos, atravesamos periodos de expansión y crisis económica, pero sin embargo, persiste la infradotación de los servicios de prevención de incendios forestales. En un contexto como el actual, marcado por la necesidad apremiante de reducir el déficit público, cabe preguntarse si la privatización de estos servicios podría producir mejoras en la calidad de los mismos sin aumentar los costes para el erario público.
La alternativa de la privatización
A este respecto conviene señalar que, en tanto que bienes de confianza o credence goods, los servicios de prevención de incendios reúnen dos características que los diferencian del resto de bienes y servicios que se intercambian en la economía. Por un lado, la empresa o unidad productiva que los suministra conoce mejor las necesidades del consumidor que el propio consumidor. Y por otro lado, el consumidor se ve obligado a confiar en el proveedor porque no puede discernir la calidad de los bienes y servicios adquiridos incluso después de haberlos consumido. En general, es muy difícil saber si la calidad del servicio de prevención de incendios es adecuada o no, hasta que, como ha sucedido en Valencia, una catástrofe medioambiental demuestra que la dotación de medios era insuficiente. Mientras tanto, el cliente -en este caso la Administración- debe confiar en la unidad de prevención de incendios sin saber a ciencia cierta si el servicio se presta de forma eficiente o si, por el contrario, es posible reducir la dotación presupuestaria y financiar otras necesidades básicas. Por ello, en caso de privatización del servicio, las decisiones relacionadas con su contratación recaerían crucialmente en proveedores especializados que, aprovechando las asimetrías de información existentes entre las partes, tendrían un incentivo obvio a adoptar un comportamiento oportunista consistente o bien en ofertar servicios de prevención no imprescindibles, o bien en prestar un servicio de calidad inferior al pactado en el contrato.
El ejemplo de la auditoría de cuentas
Este mismo problema surge con frecuencia en la vida cotidiana. Los servicios de reparación de automóviles, los servicios médicos y la auditoría de cuentas son solo algunos ejemplos de bienes de confianza que las empresas y familias consumimos con regularidad. En el caso concreto de la auditoría de cuentas, el cliente desconoce habitualmente en qué consiste la revisión de las cuentas anuales. De hecho, suele ser el auditor quien planifica las pruebas que es necesario realizar para evitar el error o fraude contable. Mientras no se detecte un error en los estados financieros, la empresa no puede saber si el auditor hizo bien su trabajo o no. Es más, la empresa no puede renunciar a la auditoría de cuentas (como tampoco el Gobierno puede renunciar a proteger el territorio), ni acordar una reducción de la calidad del servicio, por lo que no tiene más remedio que confiar en la diligencia del profesional contratado para realizar el trabajo.
Lamentablemente, el resultado que sugiere la teoría (ver aquí) es que el auditor tiende a infra-auditar las cuentas anuales para extraer rentas al cliente, especialmente si la penalización esperada por la mala praxis profesional es inferior al ahorro de costes derivado de reducir deliberadamente el alcance de las pruebas. Este resultado es consustancial a la naturaleza de la auditoría de cuentas en tanto que credence good y, por tanto, robusto ante a) cambios en el nivel de competencia existente en el mercado de auditoría y b) la prohibición o no de desarrollar servicios de asesoramiento financiero a petición del cliente. Para hacer frente a este problema, la investigación en auditoría ha propuesto distintas alternativas que tratan de mitigar el problema de información asimétrica. Algunos proponen la doble auditoría, que permitiría al cliente valorar la calidad del servicio prestado por dos auditores independientes de manera simultánea. Otros abogan por un proceso de inspección pública de la labor del auditor (como el que llevan a cabo el ICAC en España o la PCAOB en EE. UU.), cuyas conclusiones serían divulgadas públicamente con independencia de los resultados obtenidos.
Motivación social y provisión pública de los servicios de prevención de incendios
En cualquier caso, parece evidente que la privatización de los servicios de prevención de incendios, por su propia condición de credence goods, generaría más problemas que soluciones. Si bien, la provisión pública per se tampoco resuelve el problema de suboptimalidad en la prestación del servicio. De hecho, si los gestores públicos no confían en las unidades de prevención, por no poder observar el output del servicio, podrían intentar disciplinarlas reduciendo la asignación de recursos financieros y promoviendo otros servicios con un output directamente medible. De este modo, el problema de infradotación del servicio prevalecería, con las terribles consecuencias que observamos estos días.
No obstante, se podría argumentar que en un servicio como la prevención de incendios forestales, los trabajadores tienen incentivos no monetarios (respeto por el medio ambiente, conciencia de servicio público, etc.) que mitigan los problemas de azar moral vinculados a las asimetrías de información. Recientes estudios (se puede ver un resumen aquí y aquí) ponen de manifiesto que las personas con ese tipo de valores tienden a trabajar en la Administración o en entidades sin ánimo de lucro, y no tanto en el sector privado, por lo que, de nuevo, hay motivos para pensar que la desconfianza sería aún mayor con la privatización y los problemas de infradotación aumentarían.
En suma, no parece que la privatización permitiría mejorar las cosas. Por tanto, la cuestión no estriba en discutir quién debería prestar este servicio, si el sector público o el privado, sino en determinar cuántos recursos deberíamos asignar al servicio de prevención de incendios forestales en un contexto de fuertes restricciones presupuestarias. Si como parece evidente, los medios actuales son insuficientes, tendremos que decidir qué programas de gasto debemos dejar de financiar a cambio para que la tragedia que hemos vivido estos días no vuelva a repetirse. Se trata en definitiva de una cuestión de elección pública que debemos resolver entre todos. Tú, ¿a qué estás dispuest@ a renunciar?
Carlos Albert
Santiago Carbó
Abel Fernández
Joaquín Maudos
José Manuel Pastor
Lorenzo Serrano
decigarrasyhormigas: blog de economía 
Sr Illueca, no parece que la analogía seleccionada para analizar la conveniencia de privatizar el servicio de prevención de incendios forestales sea la mas adecuada, ni mucho menos, la mas didáctica… personalmente he aprendido algo de auditoría de cuentas leyéndole… algo menos, de la organización de un servicio eficaz de prevención de incendios, privado o todo lo contrario
Gracias, Viruela, por su comentario. Pero, por favor, quédese con lo esencial. El problema fundamental de la prevención contra el fraude contable (auditoría) la prevención de riesgos sanitarios, o la prevención de incendios forestales es la imposibilidad de obtener una señal creíble sobre el grado de desempeño en la prestación del servicio. Ello abre la puerta a las asimetrías de información entre las partes contratantes, generando incentivos para desplegar conductas oportunistas. He escogido la auditoría porque es un sector que conocemos muy bien después de décadas de investigación, cambios normativos (muchos de ellos en marcha), distintos contextos socioeconómicos, etc… El resultado de la prestación privada de estos servicios es la infra-auditoría, a no ser que se instrumenten costosos mecanismos de control, que en el caso de la prevención de incendios añadirían más problemas que soluciones.
Señor Illueca, le brindo una analogía algo mas cerecana al objeto del presente debate, que a mi me toca algo mas de cerca… me dedico profesionalmente al mantenimiento de sistemas de seguridad contra incendios, en su doble faceta de prevención y extinción… me pagan para asegurar que dichos sistemas se mantengan en óptimas condiciones y que llegado el caso, funcionen… algo que a priori (el meollo de su cuestión) es imposible garantizar al 100 %… nuestra actividad se sujeta a un protocolo aprobado previamente en el que se detallan todas las operaciones a realizar así como los procedimientos para llevarlas a cabo, protocolo auditable tanto interna como externamente… se realiza un control de procesos bajo los procedimientos marcados por el sistema de calidad implantado… se realizan inspecciones aleatorias de los sistemas mantenidos, una vez realizadas las labores de mantenimiento… se investigan las incidencias que afectan al funcionamiento de los sistemas (falsas alarmas), incorporando los correspondientes informes al proceso de mejora de los protocolos y procedimientos… y todo lo anterior, en el contexto de un mercado a la baja en el que la tentación de lo que usted denomina en su actividad «infra-auditoria» no deja de ser una posibilidad difícil de rechazar… créame que es posible resistir la tentación y actuar profesionalmente y créame de nuevo, después de un background de décadas en este oficio, todos los conatos de incendio aparecidos en recintos mantenidos por un servidor, se han resuelto satisfactoriamente… al final es un problema de sistemas y recursos para aplicarlos, nada nuevo bajo el sol
El razonamiento parece muy redondo pero como se ha visto en varias ocasiones, miembros de las propias cuadrillas han comenzado los incendios para ganarse unas peonadas ( no ha sido el caso en valencia).
Lo que me lleva a dudar de estas motivaciones que salvarian el credence good.
De hecho, la naturaleza de «credence good» desaconseja el uso de cuadrillas para este tipo de labores, ¿no? Parte de la justificación de la existencia del funcionariado va por ahí: a un bombero funcionario jamás se le ocurriría prender un fuego adicional, pues tendrá que ser él quien lo apague sin cobrar adicionalmente por ello, y arriesgando además su vida…
Como usted mismo señala, Viruela, «se realiza un control de procesos bajo los procedimientos marcados por el sistema de calidad implantado» De eso se trata, la externalización de estos servicios, cuyo output no es observado directamente por parte del cliente, obliga a realizar un control exhaustivo de los procesos de control, con unos costes elevados que podrían ser incluso superiores al ahorro potencial derivado de la privatización del servicio. Por las razones expuestas más arriba, el sector público ofrece alguna ventaja a la hora de abordar el problema vinculado a las asimetrías de información entre las partes. Muchas gracias de nuevo por su análisis.
gracias a usted por su artículo, que nos mueve a la reflexión… la prevención y lucha contra el fuego en el ámbito de la naturaleza no es fácil de privatizar, dado que su rentabilidad industrial queda lejos de la economía de mercado, al menos dentro de los parámetros actuales… la principal dificultad es que se trata de una actividad sin un marco reglamentario, con unos métodos de evaluación de riesgos poco precisos y una contingencia sujeta irremediablemente al azar…
En épocas recientes la situación de nuestros bosques respecto al fuego ha estado evolucionando favorablemente… que ocurre ahora? pués como usted indica acertadamente, la tentación de ahorrar costes en una actividad sin rendimiento evaluable en términos objetivos, por parte de unas administraciones sometidas al fragor de la crisis, es inevitable… me temo que va a ser un «verano caliente», con muy poco margen de maniobra a estas alturas
El problema no ha sido sí pertenecemos o no a un ente público o privado. Lógicamente es un trabajo vocacional. Donde ha residido el problema principal ha sido qué se nos apartó de los incendios incluso detectandolos y llegando los primeros. Ni tan siquiera se tuvo en cuenta nuestros avisos. Hubiéramos sido muy capaces de enseñar los lugares y accesos a los medios que vinieron a ayudar a nuestra Comunidad
Estas desgracias, por negligencias u otros motivos seguirán ocurriendo, de nosotros depende tener mas capacidad de respuesta. Yo estoy dispuesto a renunciar a gastarnos el dinero en pagar una olimpiada a deportistas profesio-
nales o camuflados de aficionados a cambio de invertirlo en retenes. La olimpiada es aquí al lado,que se lo paguen ellos, los vuelos son baratos y para
perder en la mayoría de los casos se pueden volver el mismo día. Así de paso le damos un ejemplo de austeridad a Europa. Invertir en la marca España es in
vertir en su situación privilegiada en el planeta, envidia de todos. Por eso somos
número uno en turismo. Estoy dispuesto a cambiar las subvenciones a industrias extranjeras para que den trabajo en España a cambio de hacerlo en potenciar zonas rurales, agricultura, etc.. En esto sí somos unos privilegiados,
somos autosuficientes y exportamos al resto del mundo. Hay países que presu-
men de poderosos, pero si tuvieran la crisis nuestra tendrían que comerse sus
motores. Están tan poblados que tienen dependencia de países como el nuestro para alimentarse. El día que no nos interesen sus productos o no podamos comprarlos el problema serio lo tendrán ellos. Aquí con asegurarnos de tener un cacho pan el resto lo tenemos en la puerta de casa. Potenciemos nuestros montes, campos, playas, etc..
Ah ! Y la excusa de la colilla como justificación de las autoridades ya huele,
el incendio de este finde en La Jonquera pudo provocarse así. no lo discuto,
pero no es lo mismo un conato de incendio en España, que en la sabana afri-
cana.
¿ De donde se va a recortar para pagar los medios de extinción que usamos
a la desesperada, por no hablar del precio en vidas humanas, como brigadistas y bomberos,? Con solo ver las imágenes se aprecia que entran en los incendios a » jarrapellejos «, jugándose la vida, la mayoría son vocacionales y se baten el cobre con la muerte.