decigarrasyhormigas: blog de economía

Vivimos tiempos complicados en todos los niveles. No solo nos encontramos en una tesitura económica muy difícil, sino que todo el sistema político, social y hasta cultural en el que hemos vivido y por el que hemos peleado está haciendo aguas por todas partes. Las prestaciones y logros sociales se tambalean; el pueblo, que parecía estar dormido, ha despertado al terror de un desempleo masivo, y se rebela ante un sistema y unos dirigentes aparentemente inoperantes. En este contexto, la única medida impuesta desde Europa es la austeridad, el recorte del gasto, lo que lleva a la sociedad a preguntarse por la sostenibilidad del llamado estado del bienestar.

Los tiempos de fuertes crisis, sin embargo, son a la vez, tiempos de oportunidad. Oportunidades para realizar cambios valientes y decididos, para cuestionarse la forma como hemos venido trabajando y desarrollando nuestras sociedades, y quizá son la ocasión (puede que forzada, pero real), de plantearse cómo cambiar para sobrevivir. Porque en ciertos momentos (y este es uno de ellos), podemos afirmar que sin cambios no hay salida.

La Universidad, como cualquier otra institución, se está viendo golpeada desde el punto de vista financiero. Y hasta ahora, las medidas puestas en práctica para paliar los efectos del recorte en las subvenciones se han limitado, a nivel interno de las propias universidades, a intentar una contención más o menos uniforme del gasto; a nivel del Estado, a reducir los sueldos de los funcionarios; y, por parte de los gobiernos de algunas comunidades autónomas, a lanzar ciertos globos sonda acerca de  la posibilidad de “agrupar universidades o enseñanzas”. Pero la crisis de la Universidad española es mucho más profunda, y no está solamente vinculada a la crisis económica. La Universidad española, como institución, está enferma, obsoleta, mal organizada y es muy poco eficiente, y, o se aprovecha la ocasión para, como el ave fénix, renacer renovados desde las cenizas, o moriremos en el intento de salvar el sistema actual.

¿Sobran universidades en España?

El número de universidades que tenemos en nuestro país puede parecer excesivo. Yo no estoy segura de que sobren universidades, o al menos no tengo claro que sobren muchas: a la salida de la dictadura, en España se optó por un modelo “de cercanía” en la educación superior, en un momento en que el país tenía un déficit educativo importante, y en el que existía una demanda social de acceso a la educación superior. En los años 80 y 90 proliferaron las universidades, llevando la oportunidad de cursar estudios superiores a todas las provincias españolas. Incluso, en algunas de medio tamaño tenemos varias universidades, y la posterior proliferación de las universidades privadas ha aumentado la oferta y el acceso de los estudiantes.

La opción de cerrar universidades (incluso la opción de agruparlas, lo que en una segunda etapa posiblemente llevaría a reducir la oferta de estudios) es una medida traumática. Bien realizada podría, desde luego, ayudar a racionalizar el mapa universitario pero, en mi opinión, mucho más importante que cerrar o agrupar universidades sería el tipificarlas o, alternativamente, tipificar los centros de cada una de nuestras universidades. Y con ello, quiero decir especificar sus funciones, no el otorgar ciertas “menciones” como los Campus de Excelencia, que, eventualmente, acabarán recibiendo todas.

¿Tiene sentido ofertar titulaciones repetidas a menos de 20 kilómetros de distancia? ¿Tiene sentido tener una oferta de postgrado desproporcionada, con un número muy limitado de alumnos y con un profesorado cuya cualificación profesional es dudosa? ¿Tiene sentido mantener abiertos programas de doctorado con muy escasa demanda, alumnos insuficientemente preparados y en departamentos donde la calidad científica está lejos de alcanzar masa crítica (no digamos excelencia)? Está claro que esto no nos lo podemos permitir. ¿Significa esto que deberíamos cerrar un número significativo de nuestras universidades, o más bien deberíamos transformarlas?

El “producto” universitario

Las Universidades “producen” varios tipos de output:

1. Formación de grado
2. Formación de postgrados profesionales
3. Formación de postgrados académicos
4. Investigación
5. Innovación tecnológica
6. Cultura

Las universidades son centros variopintos en los que los tipos anteriores de output se producen con procedimientos y calidad muy diversos. Un primer problema que tiene el sistema universitario español es la incapacidad de discriminación por parte del cliente (el alumno) que, en un 95% de los casos, se limita a acudir a la universidad (o a una de las universidades) más cercanas a su domicilio. El mercado que luego contrata a los egresados, por desgracia, tampoco es capaz de discriminar, en especial entre los grados. Por otro lado, el grueso de la financiación de las universidades está ligado al número de alumnos. Es por ello que las diferencias en el capital humano (profesorado), es la variable que mejor explica las diferencias en el desempeño de las universidades.

Un segundo problema de nuestro sistema universitario es la gobernanza, en sentido amplio. El funcionamiento de las universidades está controlado por un sistema organizativo complejo y poco funcional, con Consejos de Departamento, Juntas de Centro, Comisiones de Ordenación Académica, de Investigación, etc., que constituyen un entramado de aparente control de las decisiones, pero en el que lo que acaba primando no son los criterios de racionalidad o buenas prácticas, sino el control de los votos. Las decisiones se toman, no en función de obtener un mejor producto (si es posible, a menos coste), sino de acuerdo a los intereses personales (o departamentales o de grupo) de los profesores (y en algunos casos, de los sindicatos o del PAS). Nadie está dispuesto a ceder ninguna parcela de poder, independientemente de la calidad de su desempeño. Y esto se agrava cuando los gobiernos (ya sea el central o los autonómicos) hacen dejación de sus funciones, y permiten a cada universidad tomar decisiones específicas en temas en los que ellos debían haber ejercido un cierto control. Un ejemplo paradigmático es la proliferación de grados y postgrados que, en su elaboración, ha paralizado nuestras universidades en los últimos años, dando lugar a programas no convalidables en el propio Estado español, y cuyas dificultades de puesta en práctica estamos viviendo ahora.

¿Y el control de calidad?

Una de las variantes introducidas en el sistema universitario reciente es el aparente “control de calidad”, encomendado a la ANECA. Esta agencia controla, en teoría, la calidad de los programas a todos los niveles, y también la calidad del profesorado encargado de impartir dichos programas.

Sobre los problemas de control de la calidad de los profesores ya he hablado en otros posts previos. Acerca del control de los títulos solo decir que si el Plan Bolonia pretendía favorecer la movilidad de estudiantes en Europa, el fracaso de no favorecer la movilidad ni siquiera dentro de España dice algo claro en contra de nuestro sistema. Que el Gobierno decidiera un sistema de 4 años para el grado deja a nuestro país en clara desventaja en un sistema universitario europeo competitivo.

Hablando de calidad, en los últimos años se ha hecho un énfasis importante en controlar la calidad de la enseñanza impartida en las universidades, al menos en teoría. El resultado es que las universidades están dedicando una cantidad desorbitada de recursos a la realización de actividades supuestamente encaminadas a ofrecer una enseñanza de mayor calidad. Y en ello el sistema de acreditación de profesorado tiene un margen importante de responsabilidad. Al margen del despilfarro económico que esto supone para las arcas universitarias, la triste realidad es que, en la mayor parte de los casos, este tipo de actividades está contribuyendo a encorsetar las actividades docentes en un sistema de enseñanza obsoleto, uniformizado  y en el que la innovación brilla por su ausencia.

¿Qué decir del Estatuto del Profesorado?

En el anteproyecto de Estatuto del Profesorado que ha circulado últimamente se habla, fundamentalmente, de los criterios de promoción, ampliando las posibilidades de aquellos profesores que se han especializado en gestión o en docencia. Y está bien, siempre que la dedicación docente de los especializados en docencia sea acorde a dicha especialización, del mismo modo que la dedicación intensiva a la investigación debería justificar (garantizando y controlando la productividad) una dedicación docente significativamente reducida. Un mal endémico de la Universidad española ha sido medir la dedicación del profesorado únicamente en función de las horas de docencia impartida, independientemente de si tal profesor o tal grupo producen también de modo significativo en las otras líneas de output, al margen de las puramente formativas.

¿Y qué se puede hacer?

En el futuro inmediato, nuestras universidades se enfrentan a un recorte presupuestario significativo, que solo puede ser aprovechado si hay cambios sustanciales en los incentivos que los gobiernos pongan a los gestores de las universidades. Y no hay soluciones indoloras: el único camino es hacer sacrificios y transformaciones.

Teniendo en cuenta que cada estudiante de grado cuesta (de media) 7.000 euros a las arcas públicas, una posibilidad de mejorar los presupuestos sería aumentar las tasas académicas, acercando el precio público al coste real. Esta es una medida fuertemente impopular, de difícil implantación, y que necesariamente habría de venir acompañada de una política generosa de becas que garantice la igualdad de oportunidades.

Pasar de un sistema Bolonia de 4 años a uno de 3 años, como es en prácticamente el resto de Europa, supone un ahorro de la subvención pública por estudiante muy significativo. Este cambio, además, haría el sistema español competitivo con el europeo en su conjunto, y facilitaría la movilidad real.

Los programas de los grados tradicionales deberían estar cerrados en un 80-90% por el Estado, dejando una mínima diversidad por universidades. Junto a ello, sería interesante pensar en abrir grados interdisciplinares, práctica habitual en otros países, lo que ayudaría a acoger estudiantes que deseen una formación más variada y personalizada. Pero no es malo que los grados estén al alcance del mayor número de estudiantes posible.

No es razonable impartir postgrados en todas las universidades de forma casi indiscriminada. Se debería realizar una evaluación externa de las capacidades del profesorado responsable, quizá crear Escuelas de Postgrado interuniversitarias o a nivel autonómico o nacional o, alternativamente, concentrar los esfuerzos de formación de postgrado en aquellas materias y centros que posean masa crítica y experiencia contrastada.

La financiación de las universidades debe tomar en cuenta la calidad del producto y no solo la cantidad. Una evaluación del tipo de la que se realiza  en el Reino Unido (RAE) podría ayudar a diseñar los procedimientos de financiación.

La gestión en la Universidad española está desbordada, es ineficiente y sin control. Hay una proliferación indiscriminada de cargos académicos o pseudoacadémicos, con incentivos monetarios que, en una parte significativa, se utilizan como moneda de cambio de favores. Profesionalizar la gestión es otra de nuestras asignaturas pendientes.

Y sería bueno abordar, al hilo de todas estas reformas, un replanteamiento de la actividad formativa ofrecida por la Universidad. Recuerdo una época en la que determinadas empresas pedían informes sobre los estudiantes de economía, indicando que lo que realmente les importaba era que “fueran capaces de pensar, de plantearse y resolver problemas, de relacionar conocimientos”. Nuestras universidades deberían ofrecer una formación encaminada a adquirir estas capacidades, más allá del conocimiento puntual de ciertas normas o regulaciones, o de las formas tradicionales de resolver ciertos problemas. Crear innovadores es crear mentes capaces de buscar caminos alternativos, direcciones diferentes y no ajustadas, necesariamente, a lo ya conocido. O somos capaces de ofrecer este producto o nuestra universidad no tendrá ningún futuro en el siglo XXI.